El Gobierno nacional dispuso un recorte en los subsidios económicos como parte de su política de ajuste fiscal. La medida apunta a reducir el gasto público en áreas clave como energía y transporte. Según lo anunciado, se busca avanzar hacia un esquema más focalizado.

El nuevo esquema implica una disminución progresiva de los aportes estatales. Esto podría traducirse en un aumento de tarifas para distintos sectores de la población. Las autoridades sostienen que la medida es necesaria para ordenar las cuentas públicas.

Sin embargo, el recorte genera preocupación por su impacto social. Especialistas advierten que podría afectar a sectores medios y bajos. En ese contexto, se plantea la necesidad de mecanismos de compensación.