Entre la desaceleración de la inflación, la recesión prolongada y la búsqueda de estabilidad fiscal, el Gobierno enfrenta un escenario complejo que combina avances parciales y fuertes desafíos estructurales.

El segundo año del gobierno de Javier Milei dejó un panorama económico atravesado por contrastes. Mientras algunos indicadores muestran una mejora respecto del último tramo de 2023, la realidad social y productiva continúa resentida por el fuerte ajuste aplicado para alcanzar el equilibrio fiscal. La hoja de ruta oficial sigue centrada en la reducción del gasto, la liberalización de mercados y la recomposición de precios relativos.

Uno de los puntos más relevantes es la evolución de la inflación. Tras el salto inicial generado por la corrección cambiaria y la desregulación de tarifas, los precios comenzaron a desacelerarse de manera progresiva. Sin embargo, esta baja convive con un deterioro del salario real y una caída del consumo que impacta en todos los rubros, desde la industria hasta el comercio minorista.

El nivel de actividad continúa mostrando señales de debilidad. La recesión, que se profundizó durante la primera mitad del año, dio paso a una leve estabilización en algunos sectores exportadores, aunque el mercado interno sigue muy castigado. La inversión privada se mantiene expectante a la espera de mayor certidumbre macroeconómica y definiciones sobre reformas estructurales.

El Gobierno destaca como principal logro la reducción del déficit fiscal. La eliminación de subsidios, la licuación del gasto y el freno a la obra pública fueron determinantes para alcanzar el superávit primario, aunque estas medidas generaron tensiones políticas y un fuerte impacto social. Para el oficialismo, el orden fiscal es la condición indispensable para iniciar una etapa de crecimiento.

El frente financiero también fue protagonista. El riesgo país mostró oscilaciones constantes, reflejo de la incertidumbre política y de la dificultad del Gobierno para consolidar apoyo legislativo. Aun así, la administración busca avanzar con instrumentos de deuda que permitan recomponer reservas y mejorar el perfil de vencimientos.

En paralelo, el Gobierno sigue impulsando un proceso de desregulación económica con el objetivo de reducir costos, eliminar trabas y favorecer la competencia. El desafío está en lograr que esas medidas generen resultados visibles en un contexto de caída de la demanda y dificultades para ampliar la capacidad productiva.

A dos años del inicio de la gestión, la economía argentina atraviesa un momento de transición profunda. Para algunos analistas, las bases de la estabilización están en marcha; para otros, la combinación de ajuste y recesión podría prolongarse más de lo previsto si no aparecen motores de crecimiento. Lo cierto es que el país encara 2026 con un escenario abierto, marcado por la tensión entre la disciplina fiscal, las expectativas sociales y la necesidad de recuperar dinamismo productivo.