El Gobierno confirmó los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas que comenzarán a regir desde diciembre, en el marco de la política de recomposición de costos y reducción de subsidios. La actualización impactará en los hogares de todo el país, con incrementos diferenciados según el nivel de ingresos y el esquema de segmentación vigente.

En el caso de la energía eléctrica, las distribuidoras aplicarán subas que se reflejarán tanto en el cargo fijo como en el variable. Los usuarios de ingresos altos afrontarán el ajuste pleno, mientras que los sectores medios y bajos mantendrán una parte del subsidio, aunque con incrementos igualmente significativos. La revisión también afecta a comercios y pymes, que deberán recalcular costos operativos antes del fin de año.

Para el gas, el aumento sigue una lógica similar: se actualizan los valores del transporte, la distribución y el precio en boca de pozo. Según estimaciones de consultoras energéticas, un hogar promedio podría experimentar un incremento notable en su factura, especialmente en regiones donde el consumo es estacionalmente más alto. El Gobierno justificó la medida señalando que los costos reales del sistema estaban desfasados y que la actualización es necesaria para garantizar la sustentabilidad del servicio.

La oficialización generó reacciones inmediatas. Algunos economistas advierten que el ajuste tarifario agregará presión sobre la inflación de verano y sobre el poder de compra de los hogares, que ya enfrentan aumentos en alimentos, alquileres y transporte. En cambio, desde el sector energético destacan que el sinceramiento tarifario es indispensable para evitar cortes, mejorar la infraestructura y atraer inversiones.

Mientras tanto, organizaciones de consumidores piden medidas de contención, como ampliación de la tarifa social, revisión de casos vulnerables y mayor claridad en la comunicación del impacto real en cada categoría. Con diciembre como punto de partida, las nuevas tarifas abrirán un capítulo de fuerte tensión entre la necesidad fiscal del Estado, la seguridad del sistema energético y el bolsillo de millones de usuarios.