El gobernador bonaerense Axel Kicillof consiguió imponer un cobro del 9 % de Ingresos Brutos sobre los bonos nacionales para jurisdicción provincial, una medida que despierta expectativas y reclamos desde distintos sectores. La iniciativa, impulsada por la necesidad de aumentar recursos para la provincia, representa un paso clave en la estrategia financiera del gobierno provincial.

Con la aprobación parlamentaria, los tenedores de bonos —ya sean inversores privados, fondos o entidades financieras— deberán considerar este nuevo gravamen como parte del costo fiscal del activo. Para la provincia, el ingreso resultante significa potencialmente cientos de millones de pesos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura, aunque aún resta reglamentar el impuesto para que comience a aplicarse.

Sin embargo, la falta de reglamentación genera incertidumbre. No está claro todavía cómo se aplicará el gravamen: si será retenido en origen o si recaerá sobre el inversor final; si habrá régimen de exenciones para pequeños ahorristas; y de qué modo se articulará con la normativa nacional, dado que se trata de bonos emitidos por el Estado central. Esa indefinición puso en alerta al mercado financiero y a asesores impositivos, que piden claridad para evaluar riesgos y costos.

Mientras tanto, titulares de portafolios de inversión y analistas advierten que la medida puede encarecer la deuda argentina: la tasa de retorno efectiva baja, lo que podría impactar en la demanda de bonos bonaerenses, en el precio de mercado y en la percepción de riesgo de la provincia. Para algunos economistas, el impuesto podría desalentar inversiones, complicando la financiación provincial en un contexto ya complejo.