Argentina está frente a una de las oportunidades económicas más grandes de su historia: convertirse en un proveedor mundial de cobre, un mineral clave para la transición energética global. Pero para que ese potencial se vuelva realidad, el país necesita dar un paso decisivo: actualizar la Ley de Glaciares, una norma que nació con la intención de proteger el ambiente, pero que terminó generando ambigüedades que hoy frenan inversiones, empleo y desarrollo en regiones enteras.

Una ley necesaria, pero que exige ser reglamentada

La Ley de Glaciares no está en discusión en su espíritu: todos coinciden en la importancia de proteger los glaciares y las fuentes de agua. Lo que se busca modificar no es la protección, sino la aplicación concreta de la norma, que hoy incluye de manera confusa zonas que no son glaciares ni generan riesgo ambiental.

En muchos casos, áreas sin hielo, sin agua y sin funciones ambientales relevantes fueron clasificadas como “glaciares” por fallas técnicas del inventario original. Y esa imprecisión bloquea actividades mineras seguras, incluso en lugares donde los especialistas aseguran que no existe riesgo para el ambiente ni para las comunidades.

La actualización apunta a definir con claridad qué se protege; evitar zonas grises que generan conflictos judiciales interminables; y permitir el desarrollo en áreas donde no hay peligro ambiental real. 

Lo que Argentina puede ganar si destraba la minería

Hoy el país cuenta con proyectos de cobre de escala mundial, especialmente en San Juan, Catamarca y Salta. Solo el cobre podría aportar miles de millones de dólares en inversiones nuevas, decenas de miles de empleos directos e indirectos, divisas constantes, esenciales para estabilizar la economía y desarrollo local en regiones donde hoy no existen alternativas productivas.

Mientras el mundo demanda cada vez más cobre para autos eléctricos, energías renovables y tecnologías limpias, Argentina está sentada sobre un recurso estratégico que otros países ya están explotando.

La actualización de la Ley de Glaciares no implica bajar controles. Hoy la minería argentina trabaja con monitoreos ambientales permanentes, informes públicos, exigencias de contratación local, tecnología que reduce el uso de agua y energía y regulaciones que se endurecen año tras año.

Ejemplos como Jujuy y San Juan muestran que la minería puede convivir perfectamente con el ambiente, generar empleo y aportar crecimiento real, siempre con supervisión técnica y reglas claras.

La actualización de la norma permitirá brindar un marco de seguridad jurídica, planificar  a largo plazo, atraer capital nacional e internacional, aprovechar las zonas que hoy están mal clasificadas y proteger el ambiente. 

Destrabar proyectos de cobre no es solo un tema técnico: es una apuesta al desarrollo federal, al trabajo argentino, a la diversificación productiva y a la llegada de inversiones limpias que el mundo está buscando.