La autoridad monetaria argentina impulsa la digitalización total de los cheques al analizar la eliminación del cheque físico y su reemplazo por la versión electrónica («e-cheq»). Este cambio estructural, aún sin cronograma oficial, plantea profundos efectos tanto operativos como tributarios para empresas, contribuyentes y administraciones fiscales.

El cheque tradicional, utilizado durante décadas en el circuito formal e informal de pagos, comienza a quedar atrás: mediante el cheque electrónico cada endoso quedará asociado a una clave identificatoria (CUIT, CUIL o CDI), y cada operación será registrada en el sistema bancario. Esto altera de raíz la operativa donde los documentos circulaban a la orden o sin identificar al beneficiario, situación frecuente en pagos poco formales.

Para las agencias de recaudación —nacionales, provinciales y municipales— el cambio supone una oportunidad: la versión digital permite reconstruir el recorrido completo de los fondos, reduciendo las zonas opacas y ampliando la base imponible sin necesidad de crear nuevos impuestos. Aunque el impuesto sobre débitos y créditos no se modifica, la mayor trazabilidad podría generar más movimientos gravados, por ejemplo cuando se reducen endosos y los cheques se depositan antes.

Al mismo tiempo, el alcance de la medida abre interrogantes: algunos sectores advierten que la formalización obligatoria podría empujar a la informalidad persistente hacia otros medios (efectivo, criptomonedas) si no se acompaña de infraestructura operacional y normativa adaptada. Por lo pronto, la transición ya está en marcha: la versión digital ya representa más del 80 % del monto operado, y la autoridad monetaria la considera la única disponible a futuro.

En síntesis, Argentina se prepara para un cambio clave en su sistema de pagos: el fin del cheque en papel representa más que la modernización de un instrumento financiero; es un avance hacia una economía más rastreable, con mayor control tributario y menor margen para la informalidad. El desafío ahora será coordinar esta transformación con la operativa real de empresas, bancos y administraciones para que el beneficio no se diluya en la transición.