Los gobernadores  de San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy advirtieron que la Ley de Glaciares, tal como está hoy, frena el desarrollo minero porque prohíbe trabajar en zonas que en realidad no son glaciares ni áreas que influyen en el agua. Explican que la definición actual es tan amplia que se terminaron marcando como “protegidas” superficies que no cumplen ese rol, lo que dejó trabados proyectos que ya estaban listos para avanzar.

El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, pidió actualizar la reglamentación para que cada provincia pueda definir con claridad qué zonas deben protegerse y cuáles no. Desde San Juan explicaron que esta confusión mantiene paralizados proyectos claves: solo en esta provincia, hay cuatro desarrollos de cobre que podrían generar US$30.000 millones de inversión y alrededor de 40.000 empleos directos entre 2026 y 2031. Sin embargo, no pueden avanzar porque fueron incluidos dentro de áreas protegidas que, según técnicos provinciales, no afectan el agua.

Los gobernadores remarcan que no se trata de dejar de cuidar los glaciares, sino de permitir que la actividad avance donde no hay riesgo. Jujuy es un ejemplo de ese equilibrio: realiza más de 1.500 controles ambientales al año y exige que al menos el 70% del personal de los proyectos sea jujeño, mostrando que el desarrollo minero puede convivir con monitoreo, participación local y beneficios concretos para las provincias.