La expresidenta y otros condenados tienen hasta el 13 de agosto para devolver 530 millones de dólares. La Corte analiza usar propiedades incautadas con fines institucionales.

A pocos días de que venza el plazo judicial, ninguno de los condenados en la causa Vialidad, incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha cumplido con la orden de restituir al Estado los 530 millones de dólares fijados en la sentencia. La fecha límite para depositar los fondos en la cuenta especial del Banco Nación es el 13 de agosto. Hasta ahora, ni Cristina Kirchner, ni el empresario Lázaro Báez, ni el exsecretario de Obras Públicas José López han efectuado pago alguno.

Si no se transfiere el dinero antes de la fecha límite, la Justicia avanzará con la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema habilitó una alternativa: destinar parte de esos inmuebles a uso institucional, ya sea para el propio máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura, evitando así su venta inmediata.

El documento firmado por los jueces de la Corte establece que los inmuebles incautados pueden ser asignados para mejorar el servicio de justicia. Esto abre la posibilidad de que algunas propiedades se conviertan en oficinas, depósitos o espacios para programas públicos, en lugar de ir directamente a remate.

En el caso de la expresidenta, condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han identificado al menos dos propiedades en el complejo Madero Center, además de otras 24 en el sur del país, como bienes aptos para subasta. Parte de estos activos están cedidos a sus hijos y embargados en otra causa, pero los fiscales sostienen que la prioridad es de Vialidad.

Si no se concretara la venta, la Corte también contempla la cesión temporal de los bienes a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para programas sociales, educativos o de asistencia. La causa, resuelta en diciembre de 2022, determinó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron fraudulentamente contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, generando un perjuicio millonario al Estado.