El presidente Javier Milei vetó tres leyes  sancionadas por el Congreso alegando un costo presupuestario insostenible, ausencia de financiamiento claro y graves falencias en el procedimiento legislativo.

En un decreto oficial (534/2025) publicado recientemente en el Boletín Oficial, el gobierno presidido por Javier Milei anunció el veto total de tres iniciativas aprobadas por el Congreso: el aumento del 7,2 % en las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para personas con discapacidad. Según el Ejecutivo, estas leyes representan un riesgo para el equilibrio fiscal y la sostenibilidad presupuestaria.

El argumento central del veto fue el impacto fiscal. Las normativas implicarían un gasto adicional superior a los 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, cifras que representan aproximadamente el 0,9 % del PIB este año y el 1,68 % para el siguiente. El gobierno argumenta que este nivel de gasto es «exorbitante» y que representa una amenaza al cumplimiento de las metas fiscales.

El Ejecutivo también objetó que las leyes carecen de fuentes genuinas de financiamiento, incumpliendo el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. En el caso del aumento a jubilados, las fuentes propuestas cubrirían menos del 4 % del costo total, mientras que tanto la moratoria como la emergencia en discapacidad ni siquiera incluyen previsiones financieras concretas.

El decreto también pone el foco en lo que describe como “graves nulidades” en el proceso legislativo. El Ejecutivo advierte que la sesión del Senado del 10 de julio se habría realizado sin la debida citación, con mayoría simple en lugar de los dos tercios necesarios y con dictámenes que no cumplían requisitos formales según la Secretaría Parlamentaria del Senado. Esta fallas son interpretadas por el gobierno como una violación a la Constitución.

Con el veto oficializado, el devenir de los proyectos vuelve al Congreso: la oposición necesita asegurar una mayoría calificada (dos tercios) en ambas cámaras para insistir y convertir estas leyes en ley pese al rechazo presidencial. La decisión se da en un contexto político tenso, a menos de tres meses de las elecciones de medio término, y refuerza el énfasis del presidente en la austeridad como bandera de su gestión.