Con 56 votos a favor, el Senado convirtió en ley la declaración de emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026. La norma busca garantizar la continuidad de prestaciones, actualizaciones arancelarias y el acceso a pensiones no contributivas.

El proyecto fue apoyado por senadores peronistas, radicales, provinciales y dos del PRO (Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez). En cambio, La Libertad Avanza, el grueso del PRO y algunos bloques provinciales no asistieron por considerar inválida la convocatoria.

La ley actualiza los aranceles desde diciembre de 2023 según la inflación, garantiza una pensión equivalente al 70% del haber mínimo para personas con discapacidad y permite reasignar partidas presupuestarias para sostener el sistema.

Durante el debate, el senador Luis Juez —quien tiene una hija con discapacidad— subrayó la urgencia de dar respuestas a un sector históricamente invisibilizado. Otros legisladores remarcaron la necesidad de agilizar el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y de auditar la correcta implementación del sistema.