Organizaciones políticas, el CELS y los abogados defensores de las personas detenidas por el escrache contra el diputado libertario José Luis Espert exigen su inmediata liberación, denunciando una “persecución judicial, mediática y política” por parte del Gobierno. Seis personas —entre ellas Alesia Abaigar y Eva Mieri— permanecen detenidas e incomunicadas, acusadas de haber arrojado excremento y colocado pasacalles frente al domicilio del legislador, lo que, según los letrados, no constituye más que una contravención menor.

“El hecho no tiene entidad penal. Sin embargo, la justicia federal, encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, se arroga la competencia como si se tratara de un delito grave”, cuestionó el abogado Diego Molea. Desde Peronismo por la Ciudad y el CELS advirtieron que el uso desproporcionado del aparato punitivo del Estado busca criminalizar la protesta social, y responsabilizaron políticamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Las críticas también llegaron desde el Frente de Izquierda, que acusó a Espert, Bullrich y el Poder Judicial de “impulsar una avanzada autoritaria contra la disidencia política”, mientras que Juan Grabois tildó de “pusilánime” al diputado por acudir a la justicia ante lo que consideró un hecho menor. Las defensas y los organismos denuncian una intencionalidad política detrás de las detenciones y exigen su liberación inmediata.