En 2002, Abdullah Shah se convirtió en el primer condenado a muerte en Afganistán luego de la caída del régimen talibán. Conocido popularmente como «el perro de Zardad», Shah fue un excombatiente y criminal acusado de haber asesinado brutalmente a más de 20 personas durante la guerra civil afgana que se desarrolló entre 1992 y 2001. Su historial de violencia incluía desde el asesinato de civiles y viajeros en la carretera Kabul-Jalalabad, hasta crímenes atroces contra miembros de su propia familia.

Bajo el liderazgo del comandante Zardad Khan, Shah cometía robos y homicidios sistemáticos. Juntos operaban como una banda armada que detenía a personas en rutas estratégicas para luego ejecutar a muchas de ellas. Numerosos cuerpos fueron hallados en un pozo en el distrito de Paghman, evidencia del nivel de violencia y brutalidad que ejercían. Entre las víctimas de Shah se encontraron una de sus esposas y una hija, a quienes agredió salvajemente antes de quitarles la vida.

Tras el derrocamiento del régimen talibán, Abdullah Shah fue arrestado y enjuiciado en un proceso judicial llevado a cabo en octubre de 2002. Durante el juicio, nueve testigos, incluida una de sus esposas sobrevivientes, brindaron testimonios incriminatorios. Finalmente, Shah fue sentenciado a muerte, y la ejecución se realizó en la prisión de Pul-e-Charkhi mediante un disparo en la cabeza, bajo la autorización del entonces presidente interino Hamid Karzai. Asistieron al acto representantes del sistema judicial, la policía y profesionales médicos.

Sin embargo, la ejecución fue severamente cuestionada por Amnistía Internacional, que advirtió sobre irregularidades graves en el proceso. La organización denunció que el juicio se realizó en secreto, sin garantías mínimas de defensa, ni presencia de abogados, y con confesiones obtenidas mediante tortura. También revelaron que el primer juez fue removido por aceptar sobornos y que el segundo fue presionado para emitir una condena de muerte. Amnistía incluso planteó que Shah pudo haber sido ejecutado para evitar que incriminara a antiguos aliados del nuevo gobierno afgano.